Trabajadores comunitarios persuaden a inmigrantes mayores de tener cobertura de salud

OAKLAND, California – Durante tres años, Bertha Embriz, de San Francisco, ha vivido sin seguro de salud, salteándose chequeos anuales, y ahora tratando de no masticar de un lado para evitar el dolor de una muela rota. Como inmigrante sin estatus legal, la cuidadora de 58 años, no remunerada, sabía que el programa de Medicaid de California no era para ella.

Pero eso cambió en mayo, cuando California amplió Medi-Cal, su programa de Medicaid para personas de bajos ingresos, a adultos de 50 años en adelante, independientemente de su estatus migratorio. El problema fue que Embriz no se dio cuenta que podía ser elegible hasta que fue a una reunión comunitaria en San Francisco.

“Escuché que estaban dando Medi-Cal a las personas mayores de 50 años, pero no sabía que no tenías que estar” en el país legalmente, dijo Embriz, quien está esperando que se procese su solicitud. “Gracias a Dios no he tenido emergencias”.

Hasta octubre, el mes más reciente para el que hay disponibles datos, más de 300,000 adultos mayores inmigrantes que no tienen residencia legal se habían inscrito en el Medi-Cal completo, un 30% más que la proyección original del estado.

Funcionarios estatales de salud, que habían basado su estimación en el número de personas inscritas en una forma limitada de Medi-Cal que cubre solo servicios médicos de emergencia, no saben cuántos californianos mayores adicionales son elegibles, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado.

Ahora, algunos condados han contratado a un pequeño ejército de trabajadores comunitarios y educadores de salud para inscribir a tantos adultos mayores inmigrantes como sea posible. Estos trabajadores visitan centros para personas mayores, iglesias, clases de inglés, oficinas de inmigración, mercados y eventos comunitarios, con la esperanza de encontrar a personas como Embriz, que no estén enteradas de su nueva elegibilidad.

En el condado de Alameda, Juan Ventanilla, experto en el programa Medi-Cal, dijo que la agencia de servicios sociales está utilizando subvenciones estatales existentes para asociarse con ocho organizaciones comunitarias establecidas para ayudar a correr la voz sobre la expansión, y a las personas a inscribirse.

Dijo que los trabajadores se especializan en “ayudar a los más vulnerables del condado a obtener acceso a atención médica”.

Entre ellos están Ana Hernández y Bertha Ortega, de Casa Che, un centro de educación de salud comunitaria en el vecindario Fruitvale de Oakland, operado por La Clínica de la Raza.

Hernández y Ortega dijeron que la mayoría de las personas que conocen están ansiosas por inscribirse en Medi-Cal, pero no saben por dónde empezar. Muchas no hablan inglés, tienen una alfabetización limitada, y luchan por usar o acceder a una computadora. Los formularios están disponibles en 12 idiomas, pero los usuarios pueden no encontrar su idioma, como la lengua maya indígena Mam.

“El sistema parece amigable si tienes mucha experiencia usando una computadora”, dijo Ortega, pero ese no es el caso para la mayoría de los adultos mayores a los que ayuda. “Vienen aquí y tenemos que arreglar todo”.

Los californianos sin estatus legal constituyen la mayor parte de los residentes sin seguro del estado, un estimado de 3 millones, según el UC Berkeley Labor Center.

Para que muchos de ellos obtengan cobertura, los legisladores estatales han expandido Medi-Cal a los inmigrantes que viven en California sin papeles, implementando la cobertura en etapas: primero, a los niños en 2016; en 2020 a los adultos jóvenes de hasta 26 años, y a personas mayores el año pasado.

El próximo año, la cobertura completa de Medi-Cal estará disponible para todos los californianos que califiquen, independientemente de su edad o estatus migratorio. Cuando esto suceda, se espera que se inscriban cerca de 700,000 personas adicionales de 26 a 49 años, que no son ciudadanas, según la oficina del gobernador Gavin Newsom.

Entre todos los cambios, el de la expansión del programa a los adultos mayores puede haber sido el más trascendental. No solo tienden a necesitar más atención, sino que también es más probable que tengan afecciones crónicas como hipertensión y diabetes. Muchos no buscan atención médica o servicios sociales de manera regular, una tendencia que aumentó con la pandemia.

California será el primer estado en expandir la cobertura de Medicaid a todos los inmigrantes. Illinois y Oregon también han ampliado la cobertura financiada por el estado a los adultos mayores inmigrantes, y Nueva York planea hacerlo en 2024.

A pesar de que Medicaid es un programa conjunto federal-estatal, en el caso de las personas sin estatus legal, el gobierno federal interviene solo para cobertura relacionada con emergencias y con el embarazo. Esto significa que los contribuyentes de California pagan la mayor parte del costo de proporcionar cobertura, estimada en $878 millones para personas mayores inmigrantes el primer año, según funcionarios de presupuesto estatales.

Cuando se lanzó en mayo la expansión para las personas mayores, las de 50 años en adelante que ya estaban inscritas en la forma limitada de Medi-Cal fueron transferidas automáticamente a la versión completa, que ofrece tratamientos médicos, dentales, de visión, y cuidado de largo plazo sin costo para la mayoría de los afiliados.

Algunos condados del Área de la Bahía, incluidos Alameda, Contra Costa y San Francisco, estuvieron en ventaja para identificar a las personas elegibles porque administran programas de atención médica para residentes sin estatus legal.

En los últimos meses, defensores de salud de la comunidad se han concentrado en encontrar personas mayores elegibles que aún no hayan escuchado sobre la expansión. Algunos han aparecido en los programas locales de noticias de televisión y radio para hacer correr la voz.

“Sabemos que hay más que son elegibles pero que no están inscritos, dijo Seciah Aquino; directora ejecutiva interina de Latino Coalition for a Healthy California. “Estamos trabajando para asegurarnos de que los números puedan continuar creciendo y que todos los que ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio puedan inscribirse”.

Un estudio de grupo focal el verano pasado, financiado por la California Health Care Foundation, encontró que aproximadamente la mitad de los encuestados hispanos no habían escuchado sobre el cambio. Una proporción aún menor de asiáticos mayores inmigrantes lo sabía. Los asiáticos constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes de California después de los hispanos, que representan casi el 40% de los inmigrantes del estado. (California Healthline es un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation).

Algunas de las personas que permanecen sin inscribirse son difíciles de persuadir porque temen revelar su estatus migratorio a un programa gubernamental, informan los trabajadores de salud comunitarios. Los que solicitan Medi-Cal deben divulgar su estatus en la solicitud, pero los funcionarios estatales dicen que la ley exige que la información se mantenga privada, y no se comparta con las autoridades de inmigración.

Esas garantías a menudo se reciben con escepticismo.

Muchos adultos mayores elegibles señalan la política de “carga pública” de la administración Trump, que hizo que la inscripción en Medicaid fuera una razón posible para denegar la residencia legal en el país. Aunque esa política fue revocada en diciembre, el temor persiste.

Embriz, que tuvo la cobertura limitada de Medi-Cal durante muchos años, dijo que la dejó en 2020 debido a la política de carga pública. No quería que su inscripción en Medi-Cal arruinara sus posibilidades de obtener una tarjeta verde. Pero una vez que supo que registrarse no afectaría su solicitud de residencia permanente, estuvo de acuerdo.

“Haría una gran diferencia”, dijo Embriz acerca de obtener chequeos de rutina nuevamente. “Tengo muchas esperanzas”.

Para algunos inmigrantes mayores que se han inscrito, la capacidad de obtener cobertura total ha sido un regalo del cielo. Maria Rodríguez, de 56 años, de Hayward, aprendió en septiembre que era elegible mientras visitaba el Tiburcio Vásquez Health Center, una clínica local que atiende a pacientes sin seguro. Una trabajadora social la ayudó a completar la solicitud en línea después que un médico la diagnosticara con hipertensión y diabetes.

“Es como si Medi-Cal cayera del cielo”, dijo Rodríguez. “Es muy beneficioso para mi salud”.

Claudia Boyd-Barrett es reportera de California Health Report. Este artículo se ha producido en colaboración con California Healthline, California Health Report y El Tímpano.

Inscríbete en Medi-Cal

Los residentes de California de bajos ingresos, y de 50 años en adelante, pueden solicitar todos los beneficios de Medi-Cal, sin importar su estatus migratorio. Estas son algunas formas de aplicar: 

  • Covered California: https://www.coveredca.com. En la parte inferior de esta página encontrarás traducciones disponibles en varios idiomas. Para comunicarte por teléfono llama al número 800-300-1506 para que te atiendan en inglés, o al 800-300-0213 para hablar con una operadora en español. Las planillas para aplicar a Medi-Cal están disponibles en 12 idiomas, listas para imprimir.

Envía por correo el formulario completado y firmado a:

Covered California

P.O. Box 989725

West Sacramento, CA 95798-9725

  • CalWIN: https://www.mybenefitscalwin.org. Esta página web está disponible para que los residentes de 18 condados soliciten beneficios públicos de diversos programas; la lista incluye los condados de Alameda, Contra Costa, San Francisco, Solano y Sonoma.
  • Para encontrar otras agencias de servicios sociales por condado:
  • HealthyAC: https://healthyac.org. Solo para residentes del condado de Alameda. Este sitio web incluye una lista de organizaciones, ordenadas por código postal, que ofrecen asistencia con el proceso de solicitud. Llama al número 510-272-3663 para tramitar tu inscripción por teléfono o para pedir una planilla de solicitud. 
  • Casa CHE: Manejado por La Clínica de la Raza (https://laclinica.org/), Casa Che brinda asistencia para inscribirse en seguros médicos en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano. Llama al 855-494-4658 para programar una cita.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).



from Health Industry – Kaiser Health News

Related Posts:

Community Workers Fan Out to Persuade Immigrant Seniors to Get Covered

OAKLAND, Calif. — For three years, Bertha Embriz of San Francisco has gone without health insurance, skipping annual wellness exams and recently tolerating a broken molar by trying not to chew with it. As an immigrant without legal status, the 58-year-old unpaid caregiver knew that California’s Medicaid program was closed to her.

That changed in May, when California expanded Medi-Cal — its Medicaid program for residents with low incomes — to adults 50 and older, regardless of immigration status. The problem was that Embriz didn’t realize she would be eligible until she attended a community meeting in San Francisco.

“I’d heard that they were giving full Medi-Cal to people over 50, but I didn’t know that you didn’t have to be” in the country legally, said Embriz, who is waiting for her application to be processed. “Thank God I haven’t had any emergencies.”

As of October, the most recent month for which data is available, more than 300,000 older immigrant adults who lack legal residency had enrolled in full Medi-Cal benefits, 30% more than the state’s original projection. State health officials, who had based their estimate on the number of people enrolled in a limited form of Medi-Cal that covers only emergency medical services, don’t know how many additional older Californians are eligible, said Tony Cava, a spokesperson for the state Department of Health Care Services.

Now, some counties have hired a small army of community workers and health educators to enroll as many immigrant seniors as they can find. Workers visit senior centers, churches, English-language classes, immigration offices, markets, and community events, hoping to encounter people like Embriz unaware of their newfound eligibility.

In Alameda County, Medi-Cal program specialist Juan Ventanilla said the social services agency is using existing state outreach grants to partner with eight established community organizations to help get the word out about the expansion and help people sign up.

Workers, he said, specialize in “assisting the most vulnerable in the county in getting access to health care.”

Among those fanning out are Ana Hernandez and Bertha Ortega at Casa CHE, a community health education center in the Fruitvale neighborhood of Oakland that is operated by La Clínica de la Raza. Hernandez and Ortega said most people they meet are eager to enroll in Medi-Cal, but they don’t know where to start. Many don’t speak English, have limited literacy, and struggle to use or access computers. Forms are available in 12 languages, but users may not find their language, such as the Indigenous Mayan language Mam.

“The system looks friendly if you have a lot of experience using a computer,” said Ortega, but that’s not the case for most of the older adults she helps. “They come in here and we have to fix everything.”

Californians without legal status make up the largest portion of the state’s uninsured residents, estimated at 3 million by the UC Berkeley Labor Center.

To get many of them covered, state lawmakers have expanded Medi-Cal to immigrants living in California without legal authorization, rolling out the coverage in stages: First, to children in 2016, young adults up to age 26 in 2020, and seniors last year. Next year, full Medi-Cal coverage will become available to all qualified Californians, regardless of age or immigration status. Once that happens, close to 700,000 additional noncitizens ages 26 through 49 are expected to enroll, according to Gov. Gavin Newsom’s office.

Yet for all the changes, the program’s expansion to older adults may have been the most momentous. Not only do they tend to need the most care, they also cost more to treat because they are likelier to have chronic conditions such as high blood pressure and diabetes. Many don’t regularly seek medical care or social services — a tendency exacerbated by the pandemic.

California will be the first state to expand Medicaid coverage to all immigrants. Illinois and Oregon have also expanded state-funded coverage to older adult immigrants, and New York plans to do so in 2024.

Even though Medicaid is a joint state-federal program, the federal government chips in only for emergency and pregnancy-related coverage for people without legal status, which means California taxpayers foot most of the cost of providing coverage, estimated by state budget officials at $878 million for immigrant seniors the first year.

When the expansion to seniors launched in May, people age 50 and older who were already enrolled in the limited form of Medi-Cal were automatically transitioned to the comprehensive version that offers dental, vision, long-term care, and routine medical treatment at no cost to most enrollees. And some Bay Area counties, including Alameda, Contra Costa, and San Francisco, had a leg up in identifying eligible people because they run health care programs for residents without legal status.

In recent months, community health advocates have concentrated on finding eligible seniors who have yet to hear about the expansion. Some have appeared on local television and radio news shows to get the word out.

“We know that there are more out there that are eligible but unenrolled,” said Seciah Aquino, acting executive director for the Latino Coalition for a Healthy California. “We are working to make sure that numbers can continue growing and that everyone who now has the privilege to access this benefit is able to sign up.”

A focus group study last summer, funded by the California Health Care Foundation, found that about half of Hispanic respondents hadn’t heard about the change. An even smaller share of older Asian immigrants knew about it. Asians make up the second-largest group of California immigrants after Hispanics, who account for almost 40% of the state’s immigrants. (California Healthline is an editorially independent service of the California Health Care Foundation.)

Some of the people who remain unenrolled are hard to persuade because they fear disclosing their immigration status to a government program, community health workers report. Medi-Cal applicants are required to disclose their immigration status on the application, but state officials say they are required by law to keep the information private and don’t share it with immigration authorities.

Those assurances are often met with skepticism.

Many eligible seniors point to the Trump administration’s “public charge” policy that made enrollment in Medicaid possible grounds for denying people legal residency in the U.S. Although that policy was overturned in December, fears linger.

Embriz, who had limited Medi-Cal coverage for many years, said she pulled out in 2020 because of the public charge policy. She didn’t want her Medi-Cal enrollment to ruin her chances of obtaining a green card. But once she learned that signing up wouldn’t affect her green card application, she agreed.

“It would make a big difference,” Embriz said about getting routine checkups again. “I have a lot of hope.”

For some older immigrants who have signed up, the ability to get full coverage has been a godsend. Maria Rodriguez, 56, of Hayward, learned in September that she was eligible while visiting the local Tiburcio Vasquez Health Center, a clinic that serves uninsured patients. A social worker helped her fill out the application online after a doctor had diagnosed her with diabetes and high blood pressure.

“It’s like Medi-Cal fell from heaven,” Rodriguez said. “It’s very beneficial for my health.”

Claudia Boyd-Barrett is a reporter with California Health Report. This article is produced in collaboration with California Healthline, California Health Report, and El Tímpano.

Sign Up for Medi-Cal

California low-income residents age 50 or older can apply for full-scope Medi-Cal regardless of immigration status. Here are ways to apply:

Covered California: https://www.coveredca.com. Language translations available at the bottom of the page. By phone, call 800-300-1506 for English and 800- 300-0213 for Spanish. Medi-Cal applications in 12 languages are available to print: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx

Mail completed and signed applications to: 

Covered California

P.O. Box 989725

West Sacramento, CA 95798-9725

CalWIN: https://www.mybenefitscalwin.org. The website is available to residents in 18 counties, including Alameda, Contra Costa, San Francisco, Solano, and Sonoma, to apply for public benefit programs.

To find other county social services agencies: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx

HealthyAC: https://healthyac.org. For Alameda County residents only. The site includes a list of organizations searchable by ZIP code that can offer application assistance. Call 510-272-3663 to enroll over the phone or to request a mail-in application.

Casa CHE: Operated by La Clínica (https://laclinica.org/), Casa CHE provides health insurance enrollment assistance in Alameda, Contra Costa, and Solano counties. Call 855-494-4658 to schedule an appointment.

This story was produced by KHN, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).



from Health Industry – Kaiser Health News

Related Posts:

Dementia Care Programs Help, If Caregivers Can Find Them

There’s no cure, yet, for Alzheimer’s disease. But dozens of programs developed in the past 20 years can improve the lives of both people living with dementia and their caregivers.

Unlike support groups, these programs teach caregivers concrete skills such as how to cope with stress, make home environments safe, communicate effectively with someone who’s confused, or solve problems that arise as this devastating illness progresses.

Some of these programs, known as “comprehensive dementia care,” also employ coaches or navigators who help assess patients’ and caregivers’ needs, develop individualized care plans, connect families to community resources, coordinate medical and social services, and offer ongoing practical and emotional support.

Unfortunately, despite a significant body of research documenting their effectiveness, these programs aren’t broadly available or widely known. Only a small fraction of families coping with dementia participate, even in the face of pervasive unmet care needs. And funding is scant, compared with the amount of money that has flooded into the decades-long, headline-grabbing quest for pharmaceutical therapies.

“It’s distressing that the public conversation about dementia is dominated by drug development, as if all that’s needed were a magic pill,” said Laura Gitlin, a prominent dementia researcher and dean of the College of Nursing and Health Professions at Drexel University in Philadelphia.

“We need a much more comprehensive approach that recognizes the prolonged, degenerative nature of this illness and the fact that dementia is a family affair,” she said.

In the U.S., more than 11 million unpaid and largely untrained family members and friends provide more than 80% of care to people with dementia, supplying assistance worth $272 billion in 2021, according to the Alzheimer’s Association. (This excludes patients living in nursing homes and other institutions.) Research shows these “informal” caretakers devote longer hours to tending to those with dementia and have a higher burden of psychological and physical distress than other caregivers.

Despite those contributions, Medicare expected to spend $146 billion on people with Alzheimer’s disease or other types of dementia in 2022, while Medicaid, which pays for nursing home care for people with low incomes or disabilities, expected to spend about $61 billion.

One might think such enormous spending ensures high-quality medical care and adequate support services. But quite the opposite is true. Medical care for people with Alzheimer’s and other types of dementia in the U.S. — an estimated 7.2 million individuals, most of them seniors — is widely acknowledged to be fragmented, incomplete, poorly coordinated, and insensitive to the essential role that family caregivers play. And support services are few and far between.

“What we offer people, for the most part, is entirely inadequate,” said Carolyn Clevenger, associate dean for transformative clinical practice at Emory University’s Nell Hodgson Woodruff School of Nursing.

Clevenger helped create the Integrated Memory Care program at Emory, a primary care practice run by nurse practitioners with expertise in dementia. Like other comprehensive care programs, they pay considerable attention to caregivers’ as well as patients’ needs. “We spent a great deal of time answering all kinds of questions and coaching,” she told me. This year, Clevenger said, she hopes three additional sites will open across the country.

Expansion is a goal shared by other comprehensive care programs at UCLA (the Alzheimer’s and Dementia Care Program, now available at 18 sites), Eskenazi Health in Indianapolis, the University of California-San Francisco (Care Ecosystem, 26 sites), Johns Hopkins University (Maximizing Independence at Home), and the Benjamin Rose Institute on Aging in Cleveland (BRI Care Consultation, 35 sites).

Over the past decade, a growing body of research has shown these programs improve the quality of life for people with dementia; alleviate troublesome symptoms; help avoid unnecessary emergency room visits or hospitalizations; and delay nursing home placement, while also reducing depression symptoms, physical and emotional strain, and overall stress for caregivers.

In an important development in 2021, an expert panel organized by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine said there was sufficient evidence of benefit to recommend that comprehensive dementia care programs be broadly implemented.

Now, leaders of these programs and dementia advocates are lobbying Medicare to launch a pilot project to test a new model to pay for comprehensive dementia care. They have been meeting with staff at the Center for Medicare and Medicaid Innovation and “CMMI has expressed a considerable amount of interest in this,” according to Dr. David Reuben, chief of geriatric medicine at UCLA and a leader of its dementia care program.

“I’m very optimistic that something will happen” later this year, said Dr. Malaz Boustani, a professor at Indiana University who helped develop Eskenazi Health’s Aging Brain Care program and who has been part of the discussions with the Centers for Medicare & Medicaid Services.

The Alzheimer’s Association also advocates for a pilot project of this kind, which could be adopted “Medicare-wide” if it’s shown to beneficial and cost-effective, said Matthew Baumgart, the association’s vice president of health policy. Under a model proposed by the association, comprehensive dementia care programs would receive between $175 and $225 per month for each patient in addition to what Medicare pays for other types of care.

A study commissioned by the association estimates that implementing a comprehensive care dementia model could save Medicare and Medicaid $21 billion over 10 years, largely by reducing patients’ use of intensive health care services.

Several challenges await, even if Medicare experiments with ways to support comprehensive dementia care. There aren’t enough health care professionals trained in dementia care, especially in rural areas and low-income urban areas. Moving programs into clinical settings, including primary care practices and medical clinics, may be challenging given the extent of dementia patients’ needs. And training needs for program staff members are significant.

Even if families receive some assistance, they may not be able to afford necessary help in the home or other services such as adult day care. And many families coping with dementia may remain at a loss to find help.

To address that, the Benjamin Rose Institute on Aging later this year plans to publish an online consumer directory of evidence-based programs for dementia caregivers. For the first time, people will be able to search, by ZIP code, for assistance available near them. “We want to get the word out to caregivers that help is available,” said David Bass, a senior vice president at the Benjamin Rose Institute who’s leading that effort.

Generally, programs for dementia caregivers are financed by grants or government funding and free to families. Often, they’re available through Area Agencies on Aging — organizations that families should consult if they’re looking for help. Some examples:

  • Savvy Caregiver, delivered over six weeks to small groups in person or over Zoom. Each week, a group leader (often a social worker) gives a mini-lecture, discusses useful strategies, and guides group members through exercises designed to help them manage issues associated with dementia. Now offered in 20 states, Savvy Caregiver recently introduced an online, seven-session version of the program that caregivers can follow on their schedule.
  • REACH Community, a streamlined version of a program recommended in the 2021 National Academy of Sciences report. In four hour-long sessions in person or over the phone, a coach teaches caregivers about dementia, problem-solving strategies, and managing symptoms, moods, stress, and safety. A similar program, REACH VA, is available across the country through the Department of Veterans Affairs.
  • Tailored Activity Program. In up to eight in-home sessions over four months, an occupational therapist assesses the interests, functional abilities, and home environment of a person living with dementia. Activities that can keep the individual meaningfully engaged are suggested, along with advice on how to carry them out and tips for simplifying the activities as dementia progresses. The program is being rolled out across health care settings in Australia and is being reviewed as a possible component of geriatric home-based care by the VA, Gitlin said.

We’re eager to hear from readers about questions you’d like answered, problems you’ve been having with your care, and advice you need in dealing with the health care system. Visit khn.org/columnists to submit your requests or tips.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).



from Health Industry – Kaiser Health News

Related Posts:

Readers and Tweeters Urgently Plea for a Proper ‘Role’ Call in the ER

Letters to the Editor is a periodic feature. We welcome all comments and will publish a selection. We edit for length and clarity and require full names.

How Physician Assistants and Nurse Practitioners Enhance Health Care

The story of one patient’s ER experience does not at all capture the complexities of an emergency department serving the needs of a stochastic patient population.

Given the reach of KHN, it is disappointing to read stories that inch closer to tabloid-level reporting (“Doctors Are Disappearing From Emergency Rooms as Hospitals Look to Cut Costs,” Feb. 13).

Having spent most of my career working in and operationalizing emergency departments, I can assure you that there are plenty of opportunities to optimize the delivery of care and reduce unnecessary waste and cost while maintaining excellent outcomes. The salient point that you make “it’s all about the money” is too simplistic given the complexities.

Advanced practice providers (APPs) collectively describe nurse practitioners (NPs), physician assistants (PAs), certified registered nurse anesthetists (CRNAs), and certified nurse midwives (CNMs). The term “midlevel practitioner” is outdated.

The archaic paternalistic approach to health care has long been overdue for change. Post-pandemic, it is critical to pivot from “the way it has always been done,” and that includes embracing new models of care.

Physicians and APPs provide excellent care to their patients and operate with different scopes of practice, training, and licensure. Therefore, most of us find working together in team-based models to be highly effective in ensuring that patients see the right care provider for the right health problem.

I found this reporting to be superficial and even offensive to nurse practitioners, like myself, who provide just as high quality care to patients as our physician colleagues.

I welcome the opportunity for dialogue about the value of nurse practitioners and physician assistants.

— Cindi Warburton, Spokane, Washington

Idiot corporate vermin strikes again, decides that this makes perfect sense, because if there is one job unnecessary in a hospital emergency room then it would have to be doctor https://t.co/qdcZcPqAef

— Mark Williams (@TalkerMark) February 16, 2023

— Mark Williams, Sacramento, California

I heard your NPR-partnered story on emergency rooms being managed by private equity and using fewer doctors and more nurse practitioners and physician assistants as midlevel practitioners.

But I prefer midlevel practitioners and medical residents, if their skills are relevant to me. They tend to be more careful in telling me what I should know and in entering records.

The professionally senior doctors (by years of experience and specialty, but I don’t know about board certification) tend to use record-keeping to support higher insurance reimbursement and then they don’t seem to believe what anyone else writes in the records, or don’t bother looking. Furthermore, they’re less likely to tell me what circumstances should prompt me to seek out a doctor or an ER, but if anything goes so wrong or becomes so advanced that I need even more care, they’re happy to provide it.

Doctors often categorically object to nurse practitioners, and state regulations reflect that.

— Nick Levinson, Brooklyn, New York

Yeah- there definitely needs to be our vision of the alternative healthcare system, otherwise, this will continue until you have a probe for your mouth, and one for your rectum just like in #Idiocracy. https://t.co/uX2KYbpD0V

— Dr. Lynn Fynn-derella🐭 (@Fynnderella1) February 17, 2023

The recent KHN article “Doctors Are Disappearing From Emergency Rooms as Hospitals Look to Cut Costs” failed to address a critical consideration in the complexities of health care delivery today: the challenge of providing care to patients when they need it at a time when demand for care is on the rise, and the health care workforce is experiencing staggering levels of decline.

Today, 99 million Americans lack adequate access to primary care. By 2026, there will be a shortage of up to 3.2 million health care workers. As a physician associate/physician assistant for more than 20 years, I am kept up at night because of this perfect storm on the horizon — worried for my patients and their ability to access the care they need. Timely access to a trusted and qualified health care provider is never more pressing than during an emergency, when patients are at their most vulnerable, and delay in care can be a matter of life or death.

There is no easy answer to this impending workforce crisis, but one thing is clear: We can meet patient needs only if every member of today’s health care team is respected for the contributions they bring and can practice to the fullest extent of their education and training.

The fact is, without PAs, patients’ access to care would suffer. PAs account for more than 500 million patient visits each year. For many patients, PAs serve as primary care providers. And in some communities, PAs are the only health care providers. Let’s not lose sight of the countless stories we have all read in the media about community hospitals and clinics closing.

This article failed to take into account any research that shows the value and quality of PA-delivered care. For example, a 2021 study published by PLOS ONE looked at 39 studies across North America, Europe, and Africa between 1977 and 2021. In 33 of the 39 studies, researchers found care provided by a PA was comparable or better than care delivered by a physician. In 74% of the studies, resource and labor costs were lower when care was delivered by a PA versus a physician.

The quality of PA-delivered care can also be seen when looking at the ratio of liability claims. The ratio of claims to PAs averaged one claim for every 550 PAs. Compare this to the physician ratio, which averaged 1 claim for every 80 physicians.

Hiring PAs to practice in emergency medicine is not about “replacing” physicians, nor does it diminish the quality of care. Utilizing PAs in emergency medicine is about equipping health care teams with a wide range of highly educated and trained clinicians who can work together to ensure patients get the safe, high-quality care they need.

Let us stay focused on the reason why PAs, nurse practitioners, and physicians went into medicine in the first place: to care for people! Patient-centered, team-based care is about every single one of us contributing our knowledge, experience, and expertise to ensure the best outcomes for patients.

— Jennifer M. Orozco, American Academy of Physician Associates president and board chair, Chicago

What could possibly go wrong when you take doctors out of the ED? Well if the effects of other private equity-owned healthcare organizations are a bellwether then nothing good…https://t.co/vhoPQRQTxD

— Whitney Schmucker- MPH, MBA (@WhitSchmucky) February 13, 2023

— Whitney Schmucker, New York City

KHN should not be using the term “midlevel providers.” It’s a derogatory term used by doctors to belittle advanced practice providers (nurse practitioners and physician associates).

— Danielle Franklin, Minneapolis

.⁦@_Eric_Reinhart⁩, ⁦@donberwick⁩,⁦@suhas_gondi⁩ and ⁦@sanjaykishore31⁩ have talked about greed in American medicine. A case in point. Doctors Are Disappearing From Emergency Rooms as Hospitals Look to Cut Costs – Kaiser Health News https://t.co/QlqdPmssU8

— Gregg Gonsalves (@gregggonsalves) February 13, 2023

— Gregg Gonsalves, New Haven, Connecticut

Nurse practitioners are essential providers in our nation’s current and future health care system. In an effort to highlight concerns related to health facility ownership models, the recent article “Doctors Are Disappearing From Emergency Rooms as Hospitals Look to Cut Costs” incorrectly represents the care provided by NPs in emergency rooms.

In fact, a recent study examining advanced practice providers (APPs), including NPs, in the ER found increasing APP coverage had no impact on flow, safety, or patient experiences in the emergency department. Additional research concluded that after controlling for patient severity and complexity, APPs diagnostic testing and hospitalization rates did not differ from physicians in patients presenting to the emergency department with chest and abdominal pain.

Prepared at the master’s or doctoral level, NPs provide primary, acute, chronic, and specialty care to patients of all ages and backgrounds. NPs practice in nearly every health care setting including hospitals, clinics, Veterans Health Administration and Indian Health Service facilities, emergency rooms, urgent care sites, private physician or NP practices, skilled nursing facilities and nursing facilities, schools, colleges and universities, retail clinics, public health departments, nurse-managed clinics, homeless clinics, and home health care settings. Collectively, NPs deliver high-quality care in more than 1 billion patient visits each year.

Grounded in 50 years of research and evidence-based practice, NPs deliver high-quality care, consistent with their physician counterparts. Results from a study of over 800,000 patients at 530 Veterans Affairs facilities found that patients assigned to NP primary care providers were less likely to utilize additional services, had no difference in costs, and experienced similar chronic disease management compared with physician-assigned patients. Furthermore, a comprehensive summary of studies examining NP quality of care from the American Enterprise Institute underscores the benefits of NP-led care.

Today, NPs represent 355,000 solutions to our nation’s health care needs. Patients deserve access to these high-quality health care providers wherever they seek care.

— April N. Kapu, president of the American Association of Nurse Practitioners, Austin, Texas

If you like seeing an actual doctor when you go to the hospital now is the time to speak up! https://t.co/417fm2JKsg

— Sarabeth Broder-Fingert MD, MPH (@sbroderfingert) February 14, 2023

— Dr. Sarabeth Broder-Fingert, Boston

Ophthalmologists and Optometrists Aren’t Interchangeable

Increasing Americans’ access to care is critical. However, loosening the scope of practice for certain types of care can be counterproductive and potentially risky for patients (“Montana Considers Allowing Physician Assistants to Practice Independently,” Feb.10).

A small handful of states, for example, have loosened scope-of-practice laws for laser eye surgery, which, if done incorrectly, could lead to serious complications that can damage a person’s vision. Over the course of their medical school education, internships, and residencies, ophthalmologists must complete thousands of hours of training before being allowed to perform laser eye surgeries on their own.

Unfortunately, some states permit optometrists, who are not medical doctors, to perform laser eye surgeries as long as they complete a 16- to 32-hour course. As one might expect, the likelihood of a patient needing additional surgery is significantly higher — more than double — when initial surgeries are performed by an optometrist instead of an ophthalmologist. It is little wonder, then, why states like California have successfully blocked efforts to loosen the scope of practice for laser eye surgery.

Despite the potential risks, and no evidence of documented access issues, the Department of Veterans Affairs updated its community care guidelines last year to allow optometrists in this small number of states to perform laser eye surgery on veterans in community care settings. Worse still, the VA is developing its National Standards of Practice, which many fear would let optometrists in VA facilities nationwide perform laser eye surgery on America’s veterans. To defend our veterans and prevent them from suffering adverse outcomes, it is critical for the VA to maintain patient protections that ensure only medical doctors with the requisite education and training can perform invasive eye surgeries.

Ophthalmologists and optometrists both play important roles in a patient’s collaborative care team, but their duties and skill sets are not interchangeable. Loosening the scope of practice for laser eye surgeries will not serve patients well. Our veterans defended us; now the VA must protect them.

— Dr. Daniel J. Briceland, president of the American Academy of Ophthalmology, Sun City West, Arizona

More competition is the answer to much of what ails the U.S. healthcare system. https://t.co/uc168WUdFS

— David Johnson (@4sighthealth_) February 20, 2023

— David Johnson, Chicago

We were disappointed that the article by Keely Larson about Montana’s consideration of a change in physician assistant regulation failed to note that the vast majority of research on the quality of care provided by physician assistants and nurse practitioners demonstrates that they have similar quality of care to physicians when practicing in their area of expertise. There are numerous literature reviews published in peer-reviewed journals on this topic, which should have been noted in the story. The author selected a single working paper that focuses on quality of care in emergency departments in a single health system (the Department of Veterans Affairs) that is not representative of the settings in which most physician assistants and nurse practitioners work. The individual cited, Dr. Yiqun Chen, extrapolated her working paper to the entire profession of physician assistants (who were not included in her study), which is a significant overreach.

We are accustomed to KHN stories being well researched and balanced. This story missed the mark and does not reflect well on the quality KHN aims to achieve.

— Joanne Spetz, Janet Coffman, and Ulrike Muench, the University of California-San Francisco

Since the pandemic, we have lost 300k workers in nursing homes, putting patients at risk. We need more young people to go into nursing and need to adjust immigration laws to allow foreign trained nurses to legally seek employment in the USA.Read more: https://t.co/j67QFxKO9v

— Dr. Mehmet Oz (@DrOz) February 4, 2023

— Dr. Mehmet Oz, Bryn Athyn, Pennsylvania

At the Crux of Nursing Home Staffing Crunch: Compensation

I doubt it is possible to staff nursing facilities with qualified and caring staff when the compensation is quite poor and the work environment is very challenging (“Wave of Rural Nursing Home Closures Grows Amid Staffing Crunch,” Jan. 25). It is more a system problem than a staffing problem and will not get “fixed” without some serious changes.

— Dr. Jack Page, Durham, North Carolina

"Microgrants" — small amounts of funding typically given to community organizations — are a great way to increase reach of public health departments and increase vaccine uptake, as seen in this example of immigrant communities in Colorado.https://t.co/PxpD23qZpY

— Benjy Renton (@bhrenton) February 14, 2023

— Benjy Renton, Washington, D.C.

Participating in the Mental Illness Stigma

I wonder what is behind the pressure to persuade us to say there is a stigma to mental health issues (“Public Health Agencies Turn to Locals to Extend Reach Into Immigrant Communities,” Feb. 10)? I wonder why we so easily comply?

— Harold A. Maio, retired mental health editor, Fort Myers, Florida

#Rural #Seniors Benefit From #Pandemic-Driven Remote Fitness Boom | Kaiser #Health News https://t.co/s3U5fJDEXT

— Andrzej Klimczuk (@AndrzejKlimczuk) February 3, 2023

— Andrzej Klimczuk, Bialystok, Poland

Remote Fitness Must Not Replace the Value of Physical Therapy

If we’ve learned anything in recent years, it’s how vital technology is in allowing us to stay connected virtually, especially when it comes to health care. However, the online world cannot safely and adequately replace everything.

The recent article “Rural Seniors Benefit From Pandemic-Driven Remote Fitness Boom” (Jan.17) details how many older Americans living in rural areas rely on virtual fitness classes to remain physically active. While this is an important and effective option for some seniors, remote fitness classes cannot and should not replace clinically directed physical therapy.

Physical therapy helps patients remain strong and independent by managing pain, preventing injury, and improving mobility, flexibility, and balance under the supervision of a professionally trained physical therapist. It’s especially important at a time when senior deaths from falls are on the rise. Evidence shows that when seniors underwent an exercise intervention from a trained health care professional, it lowered their risk of a fall by 31%.

Not only is it effective in rehabilitating patients, but it is also an affordable, lower-cost alternative to invasive surgeries and pharmacological treatments, saving our health care system millions. And now, with the emergence of remote therapeutic monitoring, physical therapists can more easily reach patients in rural communities to ensure they are reaching their clinical goals through safe, at-home therapy exercises.

Physical therapists undergo years of education and training to provide the best, safest care for their patients. And while I applaud seniors for embracing online fitness classes and staying active, I also encourage them to recognize when clinically supervised physical therapy is needed to protect their safety and health.

— Nikesh Patel, executive director of the Alliance for Physical Therapy Quality and Innovation (APTQI), Washington, D.C.

The last volley before the storm comes ashore. RADV awaits.https://t.co/oaryjjRA8N

— Eric Weinhandl (@eric_weinhandl) January 27, 2023

— Eric Weinhandl, Victoria, Minnesota

Tallying Bad Pennies

Did Your Health Plan Rip Off Medicare?” (Jan. 27) was a highly misleading article. On a per-enrollee per-year basis, over- and under-payments amounted to literally pennies. If you must pile on, focus on the few bad apples.

— Jon M. Kingsdale, Boston

Unbelievable. This exact same thing is happening to me right now. After an emergency c-section at 29 weeks, followed by 7 weeks in the NICU, I have spent the last 6 months fighting over the bill. https://t.co/t4O69C8v6V

— Inger BurnettZeigler (@ibzpsychphd) February 2, 2023

— Inger Burnett-Zeigler, Chicago

How Much Did They Know and When Did They Know It?

Great story by Harris Meyer about Prentice and Lurie hospitals (“A Baby Spent 36 Days in an In-Network NICU. Why Did the Hospital Next Door Send a Bill?” Jan. 30). I was practicing as an anesthesiologist in Illinois in 2011 when the bill became law banning out-of-network balance billing for hospital-based docs. Of course we knew about the advent of the law: We had to enter into contracts to be in network, contracts that materially reduced all our doctors’ incomes!

It is impossible for me to believe that a professional operating a billing service in 2020 for Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago didn’t know about this 2011 law. I don’t believe them for a moment.

Thanks for the great article.

— Ron Meyer, Wilmette, Illinois

#covid19 First and foremost – have a plan for when you test positive. And if older or have preexisting conditions, get Paxlovid (unless contraindicated). Older adults represent nearly 90% of U.S. deaths from covid-19 in recent mont…https://t.co/Dip9rzgEY0 https://t.co/SLZho2p3TK

— Regina Phelps 🇺🇦 (@ReginaPhelps) January 18, 2023

— Regina Phelps, San Francisco

Leaving a Bad Taste in My Mouth

In every article I’ve read about Paxlovid, including yours (“What Older Americans Need to Know About Taking Paxlovid,” Dec. 18), not one mentions the horrible metallic taste these pills have. I was prescribed Paxlovid after contracting covid-19. I’m 71 years old. It’s beyond my reasoning that in this day and age a pharmaceutical manufacturer can’t put a neutral coating on the pills. This awful taste stays with you day and night for the five days of use. I even had a friend who had to stop taking them as she was losing sleep over the horrible taste. My reference to friends is: “It’s like sucking on a wrench.” I’m sure this issue isn’t confined to us seniors, but it would be nice to read some recognition of a problem with this medication.

By the way, my workaround, which definitely helps but is hardly a solution, is to swallow the pills down with a swig of cranberry juice.

— Don Dugan, Brookfield, Wisconsin

In North Carolina, more people are training to support patients through an abortion – In the months since Roe v. Wade was overturned, training groups in North Carolina say they've seen an uptick in interest from people wanting to work as abortion doulas.… https://t.co/NMJR2df1Ol

— Olav Mitchell Underdal (@omunderdal) December 19, 2022

— Olav Mitchell Underdal, Irvine, California

Admiration for Abortion Doulas

I admire and respect individuals willing to provide aid and comfort to others who are going through either the traditional birth process or a hard decision to end a pregnancy (“In North Carolina, More People Are Training to Support Patients Through an Abortion,” Jan. 5). Kudos to news groups for increasing awareness of individuals and organizations providing valuable services for their fellow citizens.

— Michael Walker, Black Mountain, North Carolina

When someone learns they’re pregnant, they should have access to #MaternalHealth services. After all, healthy babies start with healthy pregnancies. This personal account from @K_Hought shares why we must remain dedicated to improving care for everyone. https://t.co/n1JkPlIJ6O

— Darrell Gray, II, MD, MPH, FACG (@DMGrayMD) January 20, 2023

— Dr. Darrell Gray II, Owings Mills, Maryland

Thinking Outside the Traditional Medicine Box

Katheryn Houghton missed out on sharing info on traditional methods, especially acupuncture (“Why People Who Experience Severe Nausea During Pregnancy Often Go Untreated,” Jan. 13). Also ginger, as in ginger tea, and peppermint. Peppermint oil (sniffed) or tea. I am an advocate for people with cancer.

— Ann Fonfa, founder of the Annie Appleseed Project, Delray Beach, Florida

Nausea is common in the first trimester but some women experience symptoms that linger and require medical attention, but often go untreated. @K_Hought reports on asepct of #pregnancy too often ignored. #WomensHealth https://t.co/zYEu0G6bHC via @khnews

— Catherine Arnst (@cathyarnst) January 16, 2023

— Catherine Arnst, New York City

A Cartoon Blooper?

The “Gender reveal?” political cartoon (Feb. 14) was confusing, unfunny, and inaccurate. How is this “political”? (It isn’t.) What makes gender reveals funny? (They’re not.) Most importantly, such reveals — an anachronistic cultural tradition that should be done away with anyway — are “sex reveals,” not “gender reveals.” (Biology is based on anatomy at birth, while gender is self-determined later in life and is fluid over time.) Even sex reveals are problematic, as they assume two biological sexes. (Some estimates indicate nearly 2% of individuals are born intersex, with their sexual anatomy not fitting into categories of either female or male.)

With anti-trans and anti-drag queen legislation being proposed and codified seemingly daily, now is not the time to poke fun at, nor inaccurately represent, the construct of gender. (It’s never the time.)

— Steff Du Bois, licensed clinical psychologist, Chicago

NEW: The KHN Health Minute this week looks at how the end of the public health emergency will affect pricing for covid tests and treatments, and issues a warning about kids getting into marijuana edibles. https://t.co/5iP5gQLcVB

— Kaiser Health News (@KHNews) February 21, 2023

Keeping Marijuana Candy Away From Children

As an emergency room doctor, I was disappointed by the recent “KHN Health Minute” story trivializing a growing public health risk by suggesting parents “lock up their marijuana gummies” to avoid poisoning their children (“Listen to the Latest ‘KHN Health Minute,’” Feb. 16).

For background on why I, and other doctors, are concerned, I encourage you to read “Marijuana Candy: Poisoning and Lack of Protection for Children.”

— Dr. Roneet Lev, San Diego

An excellent discussion, led by @jrovner, of the repercussions in #healthcare from the current political maneuvering in DC. Practice leaders feel in limbo, unsure how to plan. The potential impact on patients is worse, if they lose access to local care. https://t.co/YcW2bX9vhA

— Halee Fischer-Wright (@DrHalee) February 9, 2023

— Halee Fischer-Wright, Denver

A Suggestion for Extra-Credit Reading

In response to the recent “What the Health?” podcast episode “As US Bumps Against Debt Ceiling, Medicare Becomes a Bargaining Chip” (Jan. 19), please have Julie Rovner read Stephanie Kelton’s book “The Deficit Myth.” She needs to understand why taxes pay for nothing. I consider Kelton’s book the most important on economics and how government budgets and financing work in the modern world.

— Mark Schaffer, Las Vegas

From investing in nursing schools to continuing the support of visa waivers for #clinicians in medically underserved areas, Congress needs to act & fix the ongoing workforce shortage in #healthcare. I REALLY want to believe both parties can hash this out…https://t.co/zvIEjSrrvl

— Iqbal Atcha RPh, MBA, SPHR, RACR (@IqbalAtcha1) February 21, 2023

— Iqbal Atcha, Hanover Park, Illinois

Investing in ‘Practice-Ready’ Nurses to Bolster Workforce

The Connecticut Center for Nursing Workforce Inc. has created a best-practice plan to address these issues (“Senators Say Health Worker Shortages Ripe for Bipartisan Compromise,” Feb. 17). As nursing is the largest health care workforce role and a critical infrastructure within the state, nurses are a significant contributor to the fiscal, physical, and mental health of Connecticut, and a profession that can provide economic stability to its workers and families. Over 10,000 qualified nursing students were denied admission to registered nursing programs in 2021 due to full-time and part-time faculty shortages, lack of student clinical placements, and capacity of capstone experiences in specialty areas.

To produce “practice-ready” nurses, investment needs to be made in increasing the number of nursing faculty lines, both full-time (classroom) and part-time (clinical) experiences, simulation capacity and expertise, operations staff, and transition to practice resources.

Today, this is more challenging than ever, due to the impact of covid-19 on our nursing workforce, the natural attrition of our older nurses, early departure of new nurses causing a severe nursing shortage in the state, and the cost of “travel” nurses that is crippling the budgets of our health care facilities and not sustainable over the long term.

Nursing schools are competing for the same nursing human capital as our practice settings yet offer 30% less compensation for faculty roles as compared to clinical practice roles.

As a solution, it is critical to:

  1. Engage nursing schools to identify the demand for full-time and part-time faculty lines and staff.
  2. Develop a nurse faculty marketing campaign for associate, baccalaureate, accelerated registered nurse programs, and master’s degree in nursing programs for both full-time and part-time roles.
  3. Capitalize on the expertise of clinical nurses for the role of part-time clinical nurse faculty.
  4. Engage health care facilities to determine current nurse vacancies, future staffing needs, and onboarding/“transition to practice” gaps to best inform educational institutions as to the programs needed to be continued, expanded, or dissolved; thereby, maximizing education capacity, resources, faculty, and staff.

— Marcia Proto, executive director for the Connecticut Center for Nursing Workforce Inc., North Haven, Connecticut

Compromise?? https://t.co/IRUYV0xsFM

— R.J, Connelly III, CELA, Connelly Law Offices, Ltd (@rjc3esq) February 24, 2023

— RJ Connelly III, Pawtucket, Rhode Island

Missing Pieces in the Covid Data Puzzle

It is misinformation to state that covid-19 deaths were counted when the opposite was true, and deaths were underreported due to political reasons, and reasons of expediency (“FDA Experts Are Still Puzzled Over Who Should Get Which Covid Shots and When,”) Jan. 27. For example, my father-in-law tested positive for covid before entering the hospital, and then repeatedly tested positive for covid while in the hospital so that he could not be released, and he died in the hospital, and covid was not listed as a cause of death on his death certificate. I have reason to believe that my own father died of covid in May 2020, during an election year, and covid was not listed as a cause of death on his death certificate. These men were not merely statistics, but left behind families who are still in turmoil and grief.

In public, people should wear masks all the time regardless of vaccination status, but, at the same time, be updated on vaccinations and boosters, and, at the same time, socially distance, and, at the same time, wash hands frequently and thoroughly. While all these measures should be taken simultaneously, everyone wearing masks is the easiest way to monitor compliance, and eliminates problems in determining someone else’s vaccination status, or determining whether the efficacy of their vaccines may have waned, or in determining whether they tested positive for covid, and failed to quarantine.

When, previously, the science was that vaccines and booster efficacy waned after three to six months, it should not be touted now to get the vaccine or booster only once a year.

The goal post should never have been moved to merely keeping people out of the hospital, but the goal should be to prevent people contracting covid, and to eradicate this scourge once and for all.

— Edward H. Bonacci Jr., Apex, North Carolina

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).



from Health Industry – Kaiser Health News

Related Posts:

One Texas Judge Will Decide Fate of Abortion Pill Used by Millions of American Women

AMARILLO, Texas — Federal judges in Texas have delivered time and again for abortion opponents.

They upheld a state law that allows for $10,000 bounties to be placed on anyone who helps a woman get an abortion; ruled that someone opposed to abortion based on religious beliefs can block a federal program from providing birth control to teens; and determined that emergency room doctors must equally weigh the life of a pregnant woman and her embryo or fetus.

Now abortion rights advocates — galvanized by the reversal of Roe v. Wade — are girding for another decision from a Texas courtroom that could force the FDA to remove a widely used abortion pill from pharmacies and physicians’ offices nationwide.

The wide-ranging lawsuit, brought by a conservative Christian legal group, argues that the FDA’s approval process more than two decades ago was flawed when it authorized the use of mifepristone, which stops the development of a pregnancy and is part of a two-drug regimen used in medication abortions.

“The FDA has one job, which is just to protect Americans from dangerous drugs,” said Denise Harle, senior counsel with the Alliance Defending Freedom, part of a conservative coalition that brought the suit in federal district court in Amarillo, Texas. “And we’re asking the court to remove that chemical drug regimen until and unless the FDA actually goes through the proper testing that it’s required to do.”

A decision in the case was expected as soon as Friday. If successful, the lawsuit would force federal officials to rescind mifepristone’s approval, and manufacturers would be unable to ship the drug anywhere in the United States, including to states like California, Massachusetts, Illinois, and New York where abortion remains legal.

Abortion rights supporters and medical groups have pushed back on the lawsuit’s claims. Twelve leading medical organizations, including the American Medical Association and the American College of Obstetricians and Gynecologists, say medication abortion is effective and safe.

Indeed, decades of research show the risk of major complications from taking abortion pills is less than 0.4% — safer than such commonly used drugs as Tylenol or Viagra.

“We’ve got 23 years of data domestically that shows how safe medication abortion is, and it’s been used internationally for decades,” said Amy Hagstrom Miller, chief executive of Whole Woman’s Health, a medical organization with clinics in several states. “It’s much safer than somebody being forced to carry a pregnancy against their will.”

About 5 million women in the United States, federal data shows — and millions more across the world — have safely used abortion pills. They can be taken up to 10 weeks into a pregnancy and are also used by OB-GYNs to manage early miscarriages. All told, more than half of all abortions in the U.S. are a result of medication rather than a medical procedure, according Guttmacher Institute research.

Medication abortion involves taking two pills: mifepristone, which blocks the pregnancy hormone, progesterone; and misoprostol, which induces a miscarriage. Both drugs have long and safe track records: Misoprostol was approved in 1988 to treat gastric ulcers, with mifepristone earning approval in 2000 to end early pregnancy.

By filing its lawsuit in Amarillo, the Alliance Defending Freedom was almost guaranteed to draw U.S. District Judge Matthew Kacsmaryk, a President Donald Trump appointee who worked as deputy general counsel at First Liberty Institute, a conservative nonprofit advocating for religious liberty, before being confirmed to the federal judiciary in 2019.

Civil rights groups universally opposed Kacsmaryk’s nomination to the Northern District of Texas. U.S. Sen. Susan Collins, a Republican from Maine, said during the confirmation process that Kacsmaryk showed “alarming bias against LGBTQ Americans and disregard for Supreme Court precedents.”

“He’s made statements in opposition to reproductive rights, linking up reproduction to the feminist movement and making anti-feminist statements,” said Elizabeth Sepper, a law professor at the University of Texas-Austin, adding that the Supreme Court’s decision last summer in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, which overturned Roe, allowed the suit against the FDA to proceed. “Prior to Dobbs, the right to abortion would have stood in the way of this lawsuit. But now the conservative legal movement feels empowered.”

The lawsuit is the latest effort by opponents of abortion rights to stymie the use of abortion pills, which many people seeking abortion prefer because it allows them to control their own health care and affords privacy for a process that involves cramping and bleeding, similar to a miscarriage.

“When you have medication abortion, part of the process happens at home. And a lot of people like that,” said Hagstrom Miller, of Whole Woman’s Health. “People can be at home with their loved ones and can sort of schedule the passing of the pregnancy around their work schedule or their child care schedule.”

Harle, however, said that the FDA used a provision to approve the drug that should be used only for medications that treat illness, and that pregnancy is not an illness, but a condition.

“They didn’t meet the standards of federal law,” she said.

Mifepristone’s approval was investigated in 2008 — during the Republican administration of George W. Bush — by the Government Accountability Office, a congressional watchdog, which found that the process was consistent with FDA regulations.

“It’s hard to think of a drug that’s been under more scrutiny than mifepristone,” said I. Glenn Cohen, a Harvard Law School professor and one of 19 FDA scholars who filed an amicus brief opposing the lawsuit. “We don’t think there’s a problem here statutorily or medically. It’d be very dangerous to allow a single judge sitting in Amarillo to essentially order a drug that’s used by many women in America off the market.”

But Harle said that no amount of scientific data would be enough to convince her that mifepristone should be on the market.

“I think chemical abortion does great harms to women and their unborn children,” she said. “And that’s what this lawsuit is really about.”

Abortion care providers like Hagstrom Miller are bracing for the ruling. “I think people know that what happens in Texas doesn’t stay in Texas,” she said. “Some of the most progressive states in the country will face restrictions if this lawsuit is successful.”

If that’s the case, her clinics and OB-GYNs across the country will be forced to use only misoprostol for miscarriage and early abortion care, something that will reduce the efficacy of the method: While taking the two pills together is 99.6% effective in terminating early pregnancy, misoprostol alone — although still extremely safe — is about 80% effective.

Hagstrom Miller also notes that side effects from misoprostol can be more intense, including nausea, diarrhea, and severe cramping and bleeding.

“And that matters, right?” she said. “People should have access to the highest level of medical care.”

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).



from Health Industry – Kaiser Health News

Related Posts:

Proposed Medicare Advantage Changes Cannot Accurately Be Called ‘Cuts,’ Experts Say

“It’s President Biden who is proposing to cut Medicare Advantage.”

Sen. Tom Cotton (R-Ark.) in a tweet on February 6, 2023

More than 60 million people rely on Medicare for health coverage, and raising the alarm about potential cuts to the program is a perennial talking point among both Republicans and Democrats.

On Feb. 6, Sen. Tom Cotton (R-Ark.) took a swing at President Joe Biden on Twitter after Biden tweeted that House Republicans were threatening to cut Social Security and Medicare.

“It’s President Biden who is proposing to cut Medicare Advantage, a program used by almost 4 in 10 Arkansas seniors,” Cotton wrote.

It wasn’t clear from Cotton’s tweet which Biden proposal he was referring to, and his office did not respond to requests for comment.

It's President Biden who is proposing to cut Medicare Advantage, a program used by almost 4 in 10 Arkansas seniors. This would be a mistake. https://t.co/2GFxa0AT7z

— Tom Cotton (@TomCottonAR) February 6, 2023

Medicare Advantage policies, administered through Medicare-approved private insurance companies, bundle the traditional Medicare program’s separate hospital, medical, and prescription drug coverage into one plan.

The plans are optional and can lower out-of-pocket costs while offering other benefits, including vision and dental services, that are not included in the original Medicare program. 

About 28 million people, or nearly half of those eligible for Medicare, were enrolled in Medicare Advantage plans in 2022, according to KFF.

The Centers for Medicare & Medicaid Services recently announced two proposed changes that could affect Medicare Advantage insurers: 

  • One is a rule change, set to take effect April 3, that’s intended to increase the government’s ability to audit Medicare Advantage plans and recover past overpayments. 
  • The other is an annual update that would modify Medicare Advantage’s risk adjustment model, which determines how much the government pays insurers for beneficiaries’ reported health conditions. 

Health care policy experts said it is most likely that Cotton’s tweet was referring to the rule change intended to increase the government’s ability to recover overpayments.

The rule change would return billions of dollars to the federal government and is likely to reduce private insurers’ profits, though experts say the reductions would be minimal compared with overall spending. 

Those companies might, in turn, increase enrollees’ out-of-pocket costs or reduce benefits, experts said. But it is unclear if that will happen. 

Meanwhile, the second change — an annual update to the rates paid to Medicare Advantage insurers — will reduce payments to Medicare Advantage insurers. But the reductions will be offset by other program modifications that are projected to yield a 1% increase in Medicare Advantage spending per person in 2024.

A group that lobbies for Medicare Advantage plans sent a memo to lawmakers that said proposed changes would affect 30 million beneficiaries, Politico reported.

What Is the Proposed Rule Change to Medicare Advantage?

The federal government pays private insurance companies for Medicare Advantage per patient, making adjustments to the amounts based on the health of a beneficiary.

The sicker a Medicare Advantage patient is, the more money a private insurer will receive from the federal government to cover the cost of care. Experts said there’s been a longtime concern that Medicare Advantage insurers have a financial incentive to identify preexisting conditions among enrollees.

Auditors from the federal government review medical files to confirm whether patients have the diseases that their private insurers listed, KHN has reported. These audits showed that private insurers had listed conditions for patients that could not be verified, resulting in millions of dollars of overpayments to Medicare Advantage insurers.

When overpayments are identified, private insurers must pay back the difference to the federal government.

The administrative rule change that would allow the government to recoup overpayments is a new version of a rule proposed in 2018, under the Trump administration. The final rule comes after the government spent years determining how to identify and recover overpayments, experts said.

“The essence of this rule is to set up procedures whereby the Medicare program can recoup the overcharge,” said Joseph Antos, a health policy expert at the American Enterprise Institute, a conservative-leaning think tank.

From 2023 through 2032, estimates show, the federal government will recover $4.7 billion in overpayments from major insurance companies including Humana, UnitedHealthcare, and Aetna. That money represents about one-fifth of 1% of federal payments to Medicare Advantage plans during that period, according to Dara Corrigan, director of Medicare’s Center for Program Integrity.

Though the rule change is expected to reduce private health insurance companies’ revenues from Medicare Advantage plans, the Department of Health and Human Services doesn’t consider that to be a “cut.” 

“Auditing plans and recouping funds puts money back in the Medicare trust funds when big insurance companies get caught taking advantage of the Medicare program,” Kamara Jones, a spokesperson for the department, told PolitiFact. This is about “holding our seniors’ health care to the standard they deserve.”

CMS is also required by law to ensure accurate payments and prevent fraud, waste, and abuse. 

Experts said they would not characterize the rule change as a “cut.” 

The federal government is attempting to avoid paying more than it should, said Paul Ginsburg, a senior fellow at the University of Southern California Schaeffer Center for Health Policy and Economics. “To me, that is simply running the program better and more efficiently to protect the integrity of the federal funds being used for it.”

How Will Enrollees Be Affected?

It’s difficult to determine whether Medicare Advantage enrollees will feel the rule changes. 

“My read of the evidence is that reductions in payments to Medicare Advantage plans are largely borne by the plans themselves, either through lower profits or cost reductions,” said Matthew Fiedler, a senior fellow with the University of Southern California-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy.

A 2022 analysis from Avalere, a health care consulting company, found that the rule change could result in beneficiaries facing higher costs or fewer plan options or benefits.

Because private insurers’ profits will be reduced, companies could pass along those costs to enrollees in small ways, including slight increases in insurance premiums or out-of-pocket costs and, in some cases, fewer benefits, the American Enterprise Institute’s Antos said.

Antos said he did not expect drastic cost increases or benefit reductions that would encourage enrollees to turn to non-Medicare Advantage plans.

CMS estimated that the other proposed 2024 updates to the way Medicare Advantage insurers will be paid will result in about a 3% reduction in payments to Medicare Advantage insurers in 2024. But the agency said that other modifications to the Medicare Advantage program would offset that reduction and yield a 1% increase in spending per person in 2024.

An insurers’ lobbying group said CMS did not provide adequate information about how it arrived at the 1% figure. “Consequently, there is no way to validate the accuracy” of that estimate, a spokesperson said.

The proposed 2024 adjustments are not a cut, but are part of “the routine annual process of implementing the law as far as how Medicare Advantage plans are paid,” USC’s Ginsburg said. 

Our Ruling

Cotton said, “It’s President Biden who is proposing to cut Medicare Advantage.”

Experts said Cotton likely was referring to a recent rule change that allows the government to recover overpayments to insurers and is expected to reduce insurers’ profits. Those companies might, in turn, raise enrollees’ out-of-pocket costs or reduce benefits. It is unclear whether that will happen. 

Another proposed change, an annual update to the rates paid to Medicare Advantage insurers, will reduce payments to insurers. But reductions will be offset by other changes that are expected to yield a 1% increase in payments to insurers per person in 2024. 

Experts say it’s inaccurate to characterize the changes as a “cut” to Medicare Advantage. We rate it False.

PolitiFact researcher Caryn Baird contributed to this report.

Sources

Tweet by Sen. Tom Cotton, Feb. 6, 2023

Federal Register, “Medicare and Medicaid Programs; Policy and Technical Changes to the Medicare Advantage, Medicare Prescription Drug Benefit, Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE), Medicaid Fee-for-Service, and Medicaid Managed Care Programs for Years 2020 and 2021,” Feb. 1, 2023 

The New York Times, “New Medicare Rule Aims to Take Back $4.7 Billion From Insurers, Jan. 30, 2023

Avalere, “Overview and Implications of CMS’ Proposed Changes to MA RADV,” Aug. 23, 2022

Axios, “Biden Administration Seeks to Recoup $4.7 Billion From Medicare Advantage Plans,” Jan. 30, 2023

KHN, “CMS Signals That Medicare Advantage Payments Will Decline in 2024,” Feb. 2, 2023 

KFF, “Medicare Advantage 2023 Spotlight: First Look,” Nov. 10, 2022

KFF, “What to Know About Medicare Spending and Financing,” Jan. 19, 2023

Stat, “Biden Administration Floats Major 2024 Pay Cut for Medicare Advantage Plans,” Feb. 1, 2023

Fierce Healthcare, “Proposed Changes to Medicare Advantage Audits Could Put Insurers on the Hook for Billions,” Oct. 29, 2018

Centers for Medicare & Medicaid Services, “Medicare Learning Network Fact Sheet,” accessed Feb. 9, 2023

NPR, “Hidden Audits Reveal Millions in Overcharges by Medicare Advantage Plans,” Nov. 21, 2022

KHN, “Medicare Failed to Recover up to $125 Million in Overpayments, Records Show,” Jan. 6, 2017

Fierce Healthcare, “Medicare Advantage Plans Lose Out in Final RADV Audit Rule That Ditches Fee-for-Service Adjuster,” Jan. 30, 2023

Interview with Joseph Antos, senior fellow and Wilson H. Taylor scholar in health care and retirement policy at the American Enterprise Institute, Feb. 9, 2023

Interview with Matthew Fiedler, senior fellow with the University of Southern California-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy, Feb. 9, 2023

Statement from  Kamara Jones, U.S. Department of Health and Human Services spokesperson, Feb. 9, 2023

Interview with Jeannie Fuglesten Biniek, associate director of the Program for Medicare policy at KFF, Feb. 9, 2023

Interview with Bowen Garrett, senior fellow in the Health Policy Center at the Urban Institute, Feb. 9, 2023

Interview with Paul Ginsburg, senior fellow at the University of Southern California Schaeffer Center for Health Policy and Economics and a professor of health policy at the University of Southern California Price School of Public Policy, Feb. 9, 2023

Centers for Public Integrity, “Medicare Advantage Audits Reveal Pervasive Overcharges,” Aug. 29, 2016

Assistant Secretary for Planning and Evaluation, “Medicare Beneficiary Enrollment Trends and Demographic Characteristics,” published March 2022 

KFF, “A Snapshot of Sources of Coverage Among Medicare Beneficiaries in 2018,” March 23, 2021

Centers for Medicare & Medicaid Services, “Medicare Advantage Risk Adjustment Data Validation Final Rule (CMS-4185-F2) Fact Sheet,” Jan. 30, 2023

Centers for Medicare & Medicaid Services, “Advance Notice of Methodological Changes for Calendar Year (CY) 2024 for Medicare Advantage (MA) Capitation Rates and Part C and Part D Payment Policies,” Feb. 1, 2023

Centers for Medicare & Medicaid Services, “What’s a Medicare Advantage Plan?” published April 2015

Medicare.gov, “Things to Know About Medicare Advantage Plans,” accessed Feb. 14, 2023

Social Security Administration, Social Security Act: “Contracts With Medicare+Choice Organization,” Sec. 1857, accessed Feb. 14, 2023

Social Security Administration, Social Security Act: “Medicare and Medicaid Program Integrity Provisions,” Sec. 1128J, accessed Feb. 14, 2023

Social Security Administration, Social Security Act: “Contracts With Medicare Choice Organization,” Sec. 1859, accessed Feb. 14, 2023

Politico, “GOP Tries to Flip the Medicare Script,” Feb. 8, 2023

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).



from Health Industry – Kaiser Health News

Related Posts: